En una candente sesión, posiblemente con uno de los debates parlamentarios más vehementes, el Consejo Legislativo de Nueva Esparta acordó asesorar y defender a los centenares de familias agraviadas por la decisión del Instituto Nacional de Tierras, con el argumento de rescatar una extensa porción del territorio de los municipios Arismendi, Maneiro y Gómez, como tierras de agrícolas.
“Estamos cumpliendo con el deber para lo que fuimos elegidos. Nuestra función es servir y no servirnos del pueblo, por eso rechazamos categóricamente la actitud asumida por la funcionaria que representa Instituto de Tierras en Nueva Esparta, quien está sembrando angustia en más de 6 mil familias, que ven amenazadas sus viviendas, y sus propiedades – expresó el legislador Morel Rodríguez Rojas, al presentar su propuesta ante la Cámara Legislativa. Rodríguez propuso crear un frente unido de propietarios, representantes de las comunidades y legisladores para defender sus Derechos, con la asesoría legal y el apoyo del ente legislativo.
Interpelación y respeto al esfuerzo
Por su parte la legisladora Zuly Luna pidió la interpelación de la funcionaria Karina Medrano, representante del organismo nacional, a la vez que exigió respeto para los Derechos de los vecinos de estas comunidades. “La mayoría son familias que han hecho un gran esfuerzo económico por largo tiempo, para construir sus viviendas. Merecen todo el respeto y la garantía de sus Derechos.
Pocas veces el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo se ha visto tan concurrido, por asistentes que de manera voluntaria acudieron en búsqueda de apoyo y repuesta para el angustioso momento. Vecinos, voceros de Consejo Comunales, ingenieros que representan desarrollos, abogados que defienden a propietarios, pero especialmente una muchedumbre de padres y madres de familias, de todos los estratos sociales, e inclusive, de todas las corrientes políticas, afectados. A la hora de defender sus Derechos, especialmente cuando se trata del patrimonio familiar, todos somos iguale, dijeron
Leyes de contrabando
A su vez el legislador Jony Rahal hizo un llamado a estar alerta:”Este gobierno nos tiene acostumbrados a meternos leyes de contrabando, a irrespetar las disposiciones de nuestra Carta Magna, y persiste en su intento de imponernos un modelo comunista que no cree en el derecho a la propiedad”
Decreto de vieja data
Cuando asumió su Derecho de palabra, el legislador José del Carmen Millán, saco a relucir un Decreto del año 1987, en la época del Presidente Lusinchi, “Este es el origen de esta propuesta, es en esa fecha cuando esta área se declara de vocación agrícola. Y se plantea la construcción de la planta de tratamiento de Los Cerritos y la utilidad de las aguas tratadas, con fines agrícolas. Refirió que la Federación Campesina, no se ha pronunciado sobre este tema”.
La argumentación del legislador Millán, fue estruendosamente protestada por los presentes en el Salón. El Presidente de la Cámara, Bower Rosas varias veces se vio en la necesidad de imponer el orden.
Crecimiento demográfico
Bower Rosas en su intervención recordó que el citad Decreto tiene una data de más de 23 años, y en la actualidad Margarita ha registrado un incremento poblacional cercano al 100%. “Hace 23 años, las condiciones de esa zona, eran totalmente diferentes, hoy hay una importante autopista, se ha desarrollado varias comunidades, las alcaldías, gobernación e inclusive varios organismos y empresas del estado han hecho fuertes inversiones en dotación de servicios públicos y mejoras en la infraestructura urbana, de manera que ya no puede ser considerada zona agrícola.
A este argumento José Ramón Díaz agregó las condiciones lamentables en que se encuentran todas las plantas de tratamiento de Nueva Esparta, especialmente la de Los Cerritos, cuyas aguas, de acuerdo a informes de especialistas, no podrían utilizarse bajo ninguna circunstancia para regadío de cultivos.
Cinco a favor, dos abstenciones
A la hora de votar por la propuesta, contó con los cinco votos de los legisladores de la bancada democrática, mientras que los dos integrantes de la fracción oficialista se abstuvieron de votar.
El Presidente de la Legislatura recordó que de acuerdo a la Ley Orgánica de Consejo Legislativos, se les faculta para convocar a la interpelación a cualquier funcionario público, bien sea de una instancia nacional, regional o de otra índole. También se recordó que la Ley de Comparecencia establece el obligatorio acatamiento de la convocatoria a interpelación. Corresponderá a la Comisión de Participación Ciudadana realizar las coordinaciones para la interpelación de la Directora Regional del Instituto de Tierras, y canalizar la asesoría legal y defensa de los afectados.
CNP 527
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